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Desde niño fijé en mi mente y decidí ser abogado. Estudié pedagogía porque la UASD no tenía en Barahona la carrera de derecho en la década de los 80. Me trasladé a Santo Domingo a estudiar derecho y me hice abogado.
Desde niño también, en mi adolescencia y en mi juventud lo cuestionaba todo, luchaba y lucho por los cambios coyunturales y de fondo de la sociedad, que he creído y creo beneficiaban y benefician los sectores que he representado y al pueblo.
Al llegar a la UASD y analizar el pensum de la carrera de derecho y hacer el parangón con los de otras carreras vi dos cosas: 1-Que la denominación de Doctor en Derecho era una falsedad, ya que el doctorado se corresponde con el cuarto nivel, que la UASD no tenía como estudio de post grado y 2-Que los créditos o carga académica eran exagerados, descubriendo que el pensum se había abultado para emplear y redondear sueldos a profesores, con materias que no eran necesarias en la carrera.
Esa reflexión, que hacían también otros dirigentes estudiantiles y algunos profesores, nos hizo luchar para que la UASD redujera la carga académica y le diera la verdadera denominación a la carrera: Licenciado en Derecho, que es estudio de segundo nivel, que habilita para estudiar el tercer nivel o maestría, siendo el nivel técnico el primer nivel.
Como casi todos los estudiantes de derecho, vivía metido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva haciendo defensas en Habeas Corpus, en materia criminal, en otros tribunales (laborales y de tierras), a la vez que hacía muchísimos cursos en diferentes materias.
En materia criminal me sirvieron mucho los cursos impartidos por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del delincuente (ILANUD), hechos en la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), posteriormente en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Policía Nacional.
Con el pensum de la carrera teníamos claro qué era la criminología, por ser una de sus materias, que sería el ámbito amplio en el que se desenvolvería el Ministerio de Justicia, pero no existía, y casi ni se mencionaba la criminalistica, ni en el pensum, ni en el ámbito de la escuela de derecho, ni en la facultad, mucho menos en la universidad como totalidad, siendo esta ciencia la base del accionar de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional como su auxiliar.
Como lo establecen los doctrinarios y se consigna en el programa de la asignatura de criminología, esta es una ciencia social que tiene que ver con la prevención del delito, el estudio del delito, sus causas, consecuencias, el tratamiento adecuado para su represión; y al abordar la criminalidad de manera integral se auxilia de la sociología, psicología, antropología y el derecho, particularmente el sistema de justicia y finalmente en la educación del delincuente, preparándolo para la reinserción social, como aporte a la seguridad ciudadana.
En el ámbito antes descrito es que cabe la reforma penitencia, como parte fundamental del marco más amplio del Ministerio de Justicia, en interacción con otros ministerios e instituciones que se plantean en el proyecto de ley que lo crea.
Por su parte, la criminalistica es una disciplina científica multidisciplinaria que se enfoca en la investigación de crímenes y delitos, utilizando métodos y técnicas de diversas ciencias para analizar evidencias físicas y reconstruir los hechos de estos, esclareciendo la forma en que ocurrieron esos crímenes y delitos, quiénes estuvieron involucrados y proporcionar las pruebas para su presentación en los procesos judiciales, procurando la condena de los imputados.
En el marco de la criminalistica es que la Procuraduría General de la República, y el Ministerio Público en sentido general, debe desenvolver su accionar, siendo un obstáculo que no ha podido sortear la carga que le pusieron en el gobierno del Consejo de Estado en el año 1964, al poner sobre sus hombros las funciones del Ministerio de Justicia.
El sistema penitenciario no ha tenido solución bajo la dirección de la Procuraduría General de la República, ni las cárceles que están bajo su control, tampoco las que controla la Policía Nacional y mucho menos las que controla el Ejército Nacional, por lo que es legítimo, justo y necesario convertir en ley el proyecto que crea el Ministerio de Justicia, que traerá consigo mejorar la justicia y el sistema penitenciario.
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