SANTO DOMINGO: Fiscal utiliza jeepeta retenida en investigación aún sin concluir

 De acuerdo a la investigación, el vehículo fue captado en uso por el magistrado Julio Saba Encarnación, el mismo fiscal que investiga el caso.

SANTO DOMINGO, RD.- El Informe con Alicia Ortega, reveló que una jeepeta Honda CR-V modelo 2024, retenida por el Plan Piloto desde enero por supuestas irregularidades en su identificación vehicular, fue captada circulando en las calles tres meses y medio después del inicio de la investigación, a pesar de que el proceso aún no ha concluido y el vehículo no estaba en manos de su legítimo propietario.

Durante la investigación el caso ha levantado cuestionamientos sobre si se trata de una investigación legítima o de una apropiación indebida disfrazada.

Según detalles, el vehículo, importado por Yodaly Tejeda desde Estados Unidos a través de su empresa Sosua Auto LLC, había sido adquirido legalmente en subasta y matriculado sin inconvenientes en octubre del año pasado.

Sin embargo, tras ser retenido por el Ministerio Público, un informe forense alegó que el chasis presentaba números injertados y evidencia de alteración, aunque el historial del vehículo no mostraba reportes de robo en los Estados Unidos.

De acuerdo a la investigación, el vehículo fue captado en uso por el magistrado Julio Saba Encarnación, el mismo fiscal que investiga el caso.

Al ser confrontado, por la periodista Alicia Ortega, el fiscal se limitó a dar declaraciones, pero posteriormente en un programa de televisión reconoció haberlo utilizado, alegando tener una autorización judicial. No obstante, dicha orden emitida por la jueza Kenya Romero autorizaba la custodia del vehículo al Ministerio Público únicamente para fines de preservación, no para su uso personal.

Expertos del Poder Judicial citados por El Informe señalaron que dicha custodia es institucional, no personal, y que el fiscal habría violado el mandato al usar el vehículo, lo que podría constituir una infracción a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. Esta legislación establece penas de 2 a 5 años de prisión y multas de hasta 400 salarios mínimos por el uso no autorizado de bienes incautados.

Según informaciones, este no sería el primer señalamiento contra Saba Encarnación. En 2008, fue suspendido junto a otro fiscal y sometido a un tribunal disciplinario por supuestas inconductas.

El abogado Carlos Manuel de la Cruz, representante legal de Tejeda, expresó que no descarta presentar una querella ante el Consejo Disciplinario del Ministerio Público.